El proyecto de la Red Compartida, que se licitará a mediados de este año retoma la idea que trabajó por años Alestra junto al consorcio encabezado por MVS, bajo el lema “Banda Ancha para Todos”.
“Fue una alianza que no llegó a formalizarse con Intel, Clearwire, MVS y nosotros (Alestra). Era una idea disruptiva. Ahora el proyecto planteado en la Constitución (la Red Compartida) es mucho más ambicioso y profundo. Y mucho más transformador”, dijo el director del jurídico y regulación de Axtel, Raúl Ortega.
Ahora la nueva sociedad regiomontana de las telefónicas Axtel y Alestra buscará participar en el proyecto de la Red Compartida que usará la banda de 700 MHz, y revivir así la idea que impulsó MVS para brindar servicios de banda ancha al 90% de la población, aunque esta vez, en una red de telecomunicaciones pública.
La idea en aquel entonces era usar el espectro radioeléctrico de la banda de 2.5 GHz, que ostentaba en su mayoría el conglomerado de medios MVS antes de llegar a un acuerdo con el Gobierno para retornarlo al Estado en 2014.
El consorcio privado utilizaría esta banda para ofrecer a los operadores de telefonía móvil capacidad para dar servicio a través de una parte del espectro cuyas características permiten instalar redes como las de cuarta generación (4G).
Pero el Gobierno del ex mandatario Felipe Calderón detuvo estas expectativas al reclamar el espectro para el Estado, lo que desencadenó una serie de litigios que al final se terminaron por resolver al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el regulador sectorial, debe decidir el destino de este espectro.
El planteamiento de la Red Compartido es similar. “Queremos ser un operador móvil virtual para nuestra base de clientes, pero también queremos ser un facilitador para que todas aquellas empresas que ya tienen un mercado o base de clientela establecida se puedan convertir en operadores móviles”, explica Raúl Ortega.
La nueva Axtel puede ocupar los centros de datos de Alestra, además de parte de su infraestructura de fibra óptica, y de su tecnología para el manejo de la Red Compartida, por lo que pretenden formar parte de un consorcio para el despliegue de esta infraestructura, anticipó el directivo.
“Pensamos que tenemos mucha infraestructura como empresa, más con el tema de la fusión, para que facilitemos que esa red no comience desde cero sino que nuestra infraestructura se pueda aprovechar”, dijo el especialista en regulación de la nueva Axtel.
Ortega señaló que aún no queda claro hasta qué punto el IFT restringirá la participación de los operadores móviles actuales, pues si bien la propia Constitución exige que ninguno de los actuales concesionarios controle a la nueva red, el regulador ha anticipado que sí se pueden presentar, siempre que cuiden este precepto.
“Es un tema de equilibrio porque tampoco quieres que los mayores operadores o el preponderante ejerzan influencia sobre la nueva red, que era lo que quería evitarse desde la reforma constitucional”, detalló el directivo.
En opinión del presidente de Telefónica México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz, el proyecto de la Red Compartida pudo tener mejor uso si se subastaba el espectro y se dejaba la tarea a las empresas de cargar con el despliegue, además del pago de la contraprestación por el uso de este espectro.
“Para cuando la Red Compartida llegue al 90% de la población con tecnología 4G, todos los operadores del mercado ya tendremos la misma cobertura, así que ¿cuál era el punto de construirla?”, cuestionó el directivo.
La red compartida alcanzará 85% de la cobertura hacia 2020, mientras que las telefónicas como AT&T, América Móvil y Telefónica esperan tener una penetración similar o mayor hacia 2018.
“Otro aspecto que ha llamado la atención de la reforma mexicana ha sido la propuesta de red mayorista, proyecto que ha captado la atención de numerosos gobiernos tanto de América Latina como de otras regiones. El desempeño y aceptación que tenga esta red en México será estudiado alrededor del mundo”, consideró el director para América Latina y el Caribe de 5G Americas, José Otero.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto al IFT, esperan adjudicar el proyecto a mediados de este año, con una inversión estimada de 10,000 millones de dólares.
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